Farmabiotec número 27

22 farmaBIOTEC #27 A este debate se suman las conclusiones presentadas el pasado 3 de septiembre por la Abogada General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Juliane Kokott , en el asunto C-193/25, República de Polonia contra Parlamento Europeo y Consejo. En ellas recomienda al Tribunal anular las disposiciones de la Directiva que esta- blecen la obligación de que los productores de medica- mentos de uso humano y productos cosméticos financien al menos el 80% de los costes del tratamiento cuaternario. En sus conclusiones, cuestiona, entre otros aspectos, la suficiente justificación de la selección de estos dos secto - res y de la metodología empleada para atribuirles la mayor parte de la carga tóxica, y aprecia problemas relacionados con los principios de "quien contamina paga", igualdad de trato y proporcionalidad, en línea con algunas de las defi - ciencias identificadas en el informe de PwC. Aunque las conclusiones de la Abogada General no son vinculantes para el Tribunal y la Directiva continúa plena- mente en vigor hasta que se dicte sentencia, este nuevo escenario refuerza la necesidad de abordar su transposi- ción con la prudencia y cautela jurídica señaladas por el informe. Una transposición proporcionada, equilibrada y jurídicamente segura AELMHU, AESEG, anefp, AseBio, BioSim, Farmaindustria y STANPA comparten plenamente el objetivo ambiental de la Directiva y su finalidad de mejorar la calidad de las aguas residuales urbanas y combatir de forma más efi - caz la microcontaminación, tal y como avanzaron en el comunicado conjunto hecho público el pasado mes de julio. Sin embargo, las siete asociaciones consideran que el régimen de RAP, tal y como está actualmente dise - ñado, vulnera el principio de "quien contamina paga" y resulta contrario a los principios de proporcionalidad y no discriminación. Por ello, las asociaciones consideran que la transposi - ción española será determinante para garantizar una apli - cación proporcionada, equilibrada y jurídicamente segura. Entre otras cuestiones, defienden que los costes imputa - dos a los productores estén vinculados a una prestación real, medible, verificable y auditada y que no se repercutan actuaciones ajenas al tratamiento cuaternario. Ante las incertidumbres jurídicas, técnicas y meto - dológicas existentes, las siete asociaciones defienden una transposición prudente y un modelo flexible, revi - sable y jurídicamente sólido, capaz de adaptarse a la evolución del marco europeo, a la evidencia científica disponible y a los resultados de la propia implantación del sistema. El objetivo, recuerdan las siete asociaciones, debe ser avanzar en la protección de las aguas y la reducción de los microcontaminantes sin introducir cargas despropor- cionadas sobre determinados sectores ni comprometer la sostenibilidad y el acceso a los medicamentos. ASEBIO te cuenta